En enero de 2025, mientras los incendios avanzaban por Los Ángeles, casi 50.000 personas asiático-estadounidenses vivían dentro de las zonas de evacuación. Un informe de UCLA estimó que más de 12.000 podían necesitar asistencia lingüística por su dominio limitado del inglés.[1] Esa cifra no prueba que todas recibieran una alerta que no entendieron. Sí muestra cuántas personas podían quedar en desventaja si la información urgente no estaba disponible en un idioma que comprendieran.
Una alerta no protege solo por llegar al teléfono. También debe explicar con claridad qué ocurre, a quién afecta y qué debe hacer cada persona. Cuando falla esa comunicación, el mensaje existe en el sistema, pero puede no servirle a quien más lo necesita.
Una regla aprobada y una implementación aplazada
En octubre de 2023, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) aprobó reglas para que las alertas inalámbricas pudieran ofrecerse en inglés, español y otras 12 lenguas, además de la lengua de señas estadounidense.[2] En enero de 2025, la FCC publicó plantillas para 18 tipos de alertas urgentes en esos idiomas.[3]
Pero tener plantillas no significa que cada comunidad ya reciba automáticamente cada alerta en el idioma configurado en su teléfono. La FCC fijó para los operadores participantes un plazo de implementación que llega al 12 de junio de 2028. La agencia explicó que las autoridades podrán usar las plantillas y que los operadores deben actualizar sus sistemas para admitirlas.[4][5]
La diferencia entre una regla aprobada y un servicio disponible importa. Mientras llega ese plazo, los gobiernos locales siguen teniendo que preparar mensajes comprensibles y difundirlos por canales que la gente realmente consulta.
Connecticut e Ibagué, Colombia: barreras distintas, misma obligación
En Connecticut, 453.397 personas de cinco años o más hablan español en casa. De ellas, 192.520 hablan inglés menos que “muy bien”, según las tabulaciones de 2024 del Migration Policy Institute basadas en la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense.[6] No son cifras abstractas: son vecinos que pueden necesitar instrucciones claras durante una inundación, una ola de calor o una evacuación.
En una ciudad como Ibagué, Colombia, la barrera puede ser otra. Compartir el idioma mayoritario no garantiza que un comunicado burocrático se entienda, que un mensaje llegue a los barrios expuestos o que la población confíe en la institución que lo envía. El idioma importa; también importan la claridad, el canal y la confianza.
En ambos lugares, el Estado tiene la misma tarea: entender a quién debe alertar y comunicar con instrucciones que esa comunidad pueda usar.
Lo costoso es llegar tarde
Traducir mensajes, preparar mensajeros comunitarios y probar instrucciones antes de una crisis requiere tiempo y recursos. Pero la falta de preparación también tiene un costo. Si una persona no entiende dónde debe refugiarse, cómo solicitar ayuda o qué ruta evitar, la respuesta puede llegar tarde y exigir más recursos.
La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos ha documentado obstáculos de personal, presupuesto y capacidad técnica que dificultan que agencias federales y locales comuniquen alertas del tiempo en varios idiomas.[7] Esos límites merecen una respuesta concreta: planificación previa, coordinación y evaluación, no la suposición de que un mensaje en inglés basta para todos.
La comunicación accesible no elimina el peligro de un incendio o una inundación. Sí puede ayudar a que más personas entiendan cómo actuar frente a él.
Qué pueden hacer los gobiernos locales
- Preparar antes de la crisis. Redactar y traducir alertas de inundación, calor y evacuación con anticipación; revisarlas con las comunidades a las que van dirigidas.
- Escribir para la gente. Usar frases cortas e instrucciones concretas: qué hacer, dónde ir y a quién llamar.
- Trabajar con mensajeros de confianza. Organizaciones vecinales, grupos comunitarios y líderes locales pueden ayudar a difundir información donde una notificación oficial no basta.
- Comprobar si se entendió. Después de cada emergencia, preguntar no solo cuándo se envió el mensaje, sino quién lo recibió, quién pudo entenderlo y qué obstáculos encontró.
La próxima emergencia puede llegar a Hartford, a Ibagué, Colombia, o a Los Ángeles. La pregunta no es únicamente si habrá sirenas o alertas en los teléfonos. Es si las personas que las reciban sabrán qué hacer.
Fuentes consultadas
- UCLA Asian American Studies Center, “Increased access to language assistance needed for Asian Americans during L.A. wildfires,” febrero de 2025. La estimación indica necesidad potencial de asistencia, no que todas esas personas recibieran alertas incomprensibles.
- FCC, Third Report and Order, FCC 23-88, publicado en el Federal Register el 15 de diciembre de 2023.
- FCC, Public Safety and Homeland Security Bureau, DA 25-12, 8 de enero de 2025: plantillas multilingües para 18 alertas.
- FCC, “Wireless Emergency Alerts and the Emergency Alert System,” Federal Register, 10 de diciembre de 2025: parámetros y plazo de implementación de 30 meses.
- Federal Register, actualización del 20 de enero de 2026 que corrige la fecha de entrada en vigor al 12 de junio de 2028.
- Migration Policy Institute, Connecticut: Language & Education, datos de 2024 basados en ACS.
- U.S. Government Accountability Office, GAO-26-107680, “Weather Safety: Agencies Face Challenges Related to Multilingual Weather Alerts,” 26 de enero de 2026.
Politólogo colombo-estadounidense y candidato a la Maestría en Administración Pública (MPA) de Post University, en Waterbury, Connecticut. Escribe sobre democracia, derechos humanos, instituciones y asuntos públicos.
