El 17 de septiembre de 2026, el Gobierno colombiano anunció el retiro inmediato del país de la Coalición por la Igualdad de Derechos, una alianza intergubernamental creada en 2016 para promover y proteger los derechos de las personas LGBTIQ+. No se trata de un organismo simbólico ni de una reunión ocasional entre gobiernos. La Coalición coordina acciones diplomáticas, facilita la cooperación con organizaciones sociales y promueve políticas contra la violencia y la discriminación.
La decisión resulta aún más grave porque Colombia no ocupaba un lugar secundario. El país ejercía la copresidencia junto con España y había logrado una posición de liderazgo internacional después de varios años de trabajo institucional. Abandonar la Coalición en medio de esa responsabilidad no es simplemente cambiar la agenda diplomática. Es renunciar a un compromiso político que el Estado había asumido ante otros países y, sobre todo, ante una población que continúa enfrentando discriminación y violencia.
La explicación del Gobierno sostiene que la participación en esta alianza ya no es una prioridad y que el retiro no afecta los derechos reconocidos por la Constitución, las leyes y la Corte Constitucional. Esa respuesta contiene una verdad jurídica, pero esconde un problema político. Salir de la Coalición no elimina de manera automática el matrimonio igualitario, el derecho a la adopción, el reconocimiento de la identidad de género ni las demás garantías desarrolladas por la jurisprudencia colombiana. Sin embargo, los derechos no se sostienen únicamente porque permanezcan escritos en una norma.
Para que un derecho sea real se necesitan instituciones que lo protejan, presupuestos que permitan aplicarlo, servidores públicos que lo respeten, organizaciones sociales que puedan vigilar su cumplimiento y gobiernos dispuestos a defenderlo. Cuando un Estado declara que la igualdad de una minoría dejó de ser una prioridad, está enviando un mensaje que va mucho más allá de la política exterior.
El retiro tampoco puede reducirse a una diferencia entre el Gobierno actual y el anterior. El acercamiento de Colombia a esta agenda no comenzó con una sola administración. Fue el resultado de un proceso construido durante varios gobiernos, acompañado por decisiones de la Corte Constitucional y por años de trabajo de organizaciones defensoras de derechos humanos. Presentarlo como algo del Gobierno anterior desconoce que los derechos fundamentales no pertenecen al presidente que se encuentre de turno. Son obligaciones permanentes del Estado.
El autoritarismo no empieza quitándolo todo
La historia enseña que los derechos de las minorías casi nunca desaparecen de un día para otro. Primero se cuestiona su legitimidad. Después se afirma que su protección recibe demasiada atención. Luego se debilitan los organismos que las respaldan, se cierran espacios de participación, se reducen recursos y se normalizan expresiones discriminatorias. Cuando la sociedad reacciona, buena parte del terreno institucional ya se ha perdido.
Ese método ha sido utilizado por movimientos fascistas y por distintos gobiernos autoritarios: escoger una minoría, presentarla como una amenaza para la familia, la religión, la moral o la nación, y asegurar al resto de la población que no existe ningún peligro. Mientras se repite que no está pasando nada, se construyen gradualmente las condiciones jurídicas, culturales y administrativas para excluirla.
En la Alemania nazi, la persecución no comenzó directamente con los campos de exterminio. Antes llegaron la propaganda, la identificación de enemigos internos, la suspensión de libertades, la exclusión de personas judías de empleos públicos y, en 1935, las Leyes de Núremberg, que les retiraron derechos de ciudadanía y prohibieron matrimonios entre judíos y personas consideradas de sangre alemana. Cada etapa preparó la siguiente. La deshumanización precedió a la violencia masiva.
Recordar este proceso no significa afirmar que Colombia se encuentre en la misma situación ni que toda decisión conservadora sea fascista. Las comparaciones históricas deben manejarse con responsabilidad. La advertencia es otra: el fascismo no suele presentarse diciendo que eliminará todos los derechos. Avanza normalizando pequeñas exclusiones, desacreditando a quienes protestan y prometiendo que las garantías generales permanecerán intactas.
Algo semejante, aunque en contextos políticos diferentes, puede observarse en Rusia. En 2013, el Gobierno aprobó una ley contra la llamada propaganda de relaciones sexuales no tradicionales, presentada como una medida para proteger a los menores. Las restricciones fueron ampliándose. En 2023, la Corte Suprema rusa declaró extremista al supuesto movimiento internacional LGBT. Con ello se abrió la puerta para perseguir activistas, organizaciones, espacios de encuentro y expresiones públicas relacionadas con la diversidad sexual.
Hungría también ofrece una advertencia. Durante el Gobierno de Viktor Orbán se aprobaron restricciones a la representación de contenidos LGBTIQ+ dirigidos a menores, se debilitó el reconocimiento legal de las personas trans y se utilizó la defensa de la familia tradicional como instrumento de movilización política. Las garantías constitucionales generales no desaparecieron de inmediato. El retroceso se produjo mediante decisiones sucesivas que fueron reduciendo el espacio de libertad.
Ninguno de estos procesos demuestra que Colombia terminará inevitablemente de la misma manera. Sí demuestra que resulta irresponsable esperar hasta que la persecución sea abierta para reconocer que existía un problema. La defensa de la democracia exige reaccionar cuando comienzan a desmontarse los compromisos y no únicamente cuando ya se han eliminado los derechos.
La religión no debe gobernar para todos
En este debate también es necesario separar la fe personal del ejercicio del poder público. Toda persona tiene derecho a profesar una religión, cambiarla, practicarla o no tener ninguna. Lo que no resulta aceptable en una democracia pluralista es convertir una creencia religiosa particular en una norma obligatoria para toda la sociedad.
Un funcionario puede orientar su vida privada según su fe. Sin embargo, cuando toma decisiones públicas debe hacerlo con base en la Constitución, la evidencia, los derechos humanos y el interés general. El Estado gobierna para creyentes de distintas religiones, para agnósticos y para ateos. No puede escoger una doctrina espiritual y utilizarla para restringir la libertad de quienes no la comparten.
La historia muestra lo que ocurre cuando la autoridad religiosa y el poder político se confunden. Las Cruzadas comenzaron a finales del siglo XI, después del llamado del papa Urbano II en 1095, y dieron origen a campañas militares justificadas mediante argumentos religiosos. En ellas se produjeron matanzas, persecuciones y desplazamientos que afectaron a musulmanes, judíos, cristianos orientales e incluso a comunidades cristianas europeas.
La Inquisición fue un fenómeno distinto. Surgió mediante tribunales eclesiásticos medievales y adquirió una dimensión especialmente poderosa con la Inquisición española, establecida en 1478 bajo la monarquía de los Reyes Católicos con autorización papal. Su propósito era vigilar la ortodoxia religiosa, pero terminó funcionando también como un instrumento de control político y social. Judíos conversos, musulmanes convertidos, supuestos herejes y otras personas acusadas de apartarse de la doctrina oficial fueron investigados, despojados de bienes, castigados y, en algunos casos, ejecutados.
No sería correcto decir que las Cruzadas o la Inquisición fueron idénticas al fascismo moderno. Pertenecieron a épocas, instituciones y conflictos diferentes. Lo que comparten como advertencia histórica es el peligro de otorgarle al poder político la capacidad de imponer una verdad religiosa y castigar a quien viva, piense o crea de otra manera.
La separación entre religión y política no es una agresión contra la fe. Es precisamente la condición que permite que todas las religiones puedan existir en libertad. Un Estado laico no persigue a los creyentes. Evita que una religión utilice el aparato estatal para dominar a las demás y protege a cada persona frente a la imposición moral de una mayoría.
En Colombia, la Constitución de 1991 estableció un orden pluralista y reconoció la libertad de cultos. La Corte Constitucional ha reiterado que el país no tiene una religión oficial y que las instituciones deben mantener neutralidad frente a las distintas confesiones. Esa neutralidad debe aplicarse también cuando se discuten los derechos de las personas LGBTIQ+. Una convicción religiosa puede orientar la conducta de quien la profesa, pero no puede convertirse en fundamento suficiente para limitar la vida, la familia, la identidad o la dignidad de otra persona.
Una señal que no debe minimizarse
Retirarse de la Coalición por la Igualdad de Derechos no elimina hoy las sentencias de la Corte Constitucional. Pero sí rompe una línea de cooperación, debilita la presencia internacional de Colombia en la defensa de las minorías y transmite la idea de que estas garantías pueden depender de las preferencias ideológicas de cada Gobierno.
También es preocupante que una decisión de esta naturaleza se haya tomado sin un diálogo real con las organizaciones que conocen las condiciones de vida de la población LGBTIQ+. Gobernar democráticamente no consiste solo en ganar elecciones. Implica escuchar a quienes pueden verse afectados, explicar las razones de las decisiones y someter el poder al escrutinio público.
Algunos responderán que no se ha prohibido nada y que los derechos continúan vigentes. Precisamente así comienzan muchos retrocesos: pidiendo calma mientras se desmontan, una a una, las estructuras que hacían posible su protección. Se retira al país de un organismo internacional, se cancela un programa, se reduce un presupuesto, se nombra a funcionarios abiertamente hostiles y se desacredita a quienes denuncian el cambio. Cada medida, observada de manera aislada, puede parecer menor. En conjunto, puede revelar una dirección política.
No toda diferencia ideológica es fascismo. Utilizar esa palabra para cualquier desacuerdo termina vaciándola de sentido. Pero también sería ingenuo ignorar las estrategias que históricamente han empleado los movimientos fascistas: dividir a la sociedad entre ciudadanos legítimos y minorías sospechosas, convertir la diversidad en una amenaza, mezclar nacionalismo con dogmas morales y avanzar gradualmente mientras aseguran que nadie está perdiendo sus derechos.
Colombia todavía cuenta con una Constitución garantista, una Corte Constitucional independiente y una sociedad civil capaz de resistir los retrocesos. Esas fortalezas deben defenderse antes de que sean debilitadas. No basta con señalar que las normas continúan escritas. Hay que observar si el Estado conserva la voluntad de cumplirlas.
La pregunta no es solamente qué derecho fue eliminado el 17 de septiembre. La pregunta es por qué la igualdad de una parte de los colombianos dejó de ser una prioridad para su propio Gobierno. Cuando un Estado comienza a retirarse de los espacios creados para proteger a sus minorías, la respuesta democrática no puede ser guardar silencio y esperar. Los derechos también se pierden cuando la sociedad acepta, paso a paso, que su defensa ya no importa.
Fuentes consultadas
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