De Groenlandia a Colombia: la seguridad de Estados Unidos y el precio de nuestra soberanía

Estados Unidos tiene claro qué quiere: asegurar los recursos que sostienen su poder industrial, tecnológico y militar. Lo que me preocupa es que países como Colombia celebren cada acercamiento a Washington como un triunfo diplomático sin exigir una explicación igualmente clara de lo que van a recibir y de lo que están dispuestos a comprometer.

La disputa por los minerales estratégicos tiene consecuencias que van mucho más allá de una inversión minera. Define dónde se produce, quién procesa, quién controla la tecnología y quién conserva la capacidad de decidir. Para Washington, asegurar esas cadenas de suministro forma parte de su seguridad nacional. Para nosotros, aceptar un lugar dentro de ellas debería responder a un proyecto de desarrollo propio. Esa diferencia suele desaparecer entre los discursos de amistad y las fotografías oficiales.

Groenlandia: la seguridad también organiza los negocios

La presión de Donald Trump sobre Groenlandia expuso esa lógica con una crudeza difícil de ignorar. En enero de 2026, la Casa Blanca confirmó que discutía la compra del territorio. Reuters informó que Trump mantenía su interés en sus recursos minerales y no había descartado recurrir a la fuerza.^[1] Tratar un territorio habitado como una adquisición estratégica revela cuánto puede pesar el interés de una potencia sobre el derecho de una población a decidir su futuro.

El 22 de septiembre, Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia firmaron un acuerdo que prevé ampliar las posibilidades de presencia militar estadounidense. El texto reafirma la soberanía danesa y la autodeterminación groenlandesa, pero también establece restricciones para determinadas inversiones extranjeras en sectores sensibles, entre ellos la extracción de recursos. Incluye consultas con Washington y prevé su entrada en vigor tras los procedimientos parlamentarios correspondientes.^[2]

Mi lectura es que allí aparece una forma de influencia que merece atención: conservar formalmente la soberanía mientras se condiciona el espacio en el que pueden entrar otros actores económicos. La capacidad de decidir quién invierte puede ser tan valiosa como poseer directamente un yacimiento.

Groenlandia muestra cómo la defensa territorial y el acceso a recursos pueden integrarse en una misma negociación. La seguridad proporciona el marco político; dentro de ese marco también se organizan oportunidades económicas y se limita la presencia de competidores.

Rubio en Colombia: asegurar minerales para quién

La visita de Marco Rubio a Barranquilla, el 8 de septiembre de 2026, debe analizarse dentro de esa disputa. El secretario de Estado y el canciller colombiano, Omar Bula, suscribieron instrumentos sobre minerales críticos y cooperación nuclear civil. El comunicado estadounidense identifica expresamente las tierras raras dentro de la cooperación sobre cadenas de suministro.^[3]

La Cancillería colombiana explicó que el acuerdo mineral contempla minería, separación, procesamiento, cartografía geológica, reciclaje y financiación conjunta. También afirmó que se ejecutaría conforme a la legislación nacional y al principio de soberanía sobre los recursos.^[4]

Esa declaración debe convertirse en condiciones comprobables. Colombia necesita saber qué procesamiento se desarrollará aquí, qué conocimiento llegará a nuestras instituciones y empresas, y qué participación tendrán los territorios donde se ejecuten los proyectos. Un país puede figurar como socio estratégico y seguir ocupando el lugar menos ventajoso del negocio.

Interpreto la visita de Rubio como parte del esfuerzo estadounidense por asegurar abastecimiento y reducir vulnerabilidades frente a sus competidores. La propia orden ejecutiva de Trump del 20 de marzo de 2025 vincula la producción mineral con la seguridad nacional e incluye financiación para asegurar materias primas globales destinadas al procesamiento estadounidense.^[5] Washington está organizando su futuro industrial. Colombia debería negociar con la misma claridad el suyo.

El memorando abre una agenda de cooperación; las concesiones y condiciones concretas deberán examinarse en cada proyecto. Precisamente por eso, el debate público debe comenzar ahora. Cuando se anuncien contratos, incentivos y modificaciones regulatorias, puede resultar mucho más difícil corregir el rumbo.

La crisis climática también es una disputa por el agua

La discusión sobre los minerales queda incompleta si se separa del cambio climático. El IPCC concluyó en su evaluación de 2022 que el calentamiento provocado por actividades humanas está intensificando el ciclo del agua y agravando vulnerabilidades existentes. También estimó que aproximadamente la mitad de la población mundial padecía escasez severa de agua durante alguna parte del año, por una combinación de factores climáticos y no climáticos.^[6]

Ese diagnóstico obliga a cambiar la manera de medir la riqueza. Un yacimiento tiene un precio de mercado; una cuenca que abastece a una población sostiene su vida cotidiana, sus alimentos y su capacidad de permanecer en el territorio. La discusión debe incluir cuánta agua necesita cada proyecto, de dónde saldrá, cómo se protegerá su calidad y qué ocurrirá cuando una sequía reduzca la disponibilidad. Esas respuestas deben existir antes de autorizar la explotación.

Me preocupa que la carrera por asegurar minerales convierta la urgencia climática en una justificación para sacrificar ecosistemas. La transición energética necesita materiales, pero su utilidad no borra las consecuencias de extraerlos. La Agencia Internacional de Energía advierte en su informe de 2026 que la diversificación de las cadenas minerales está avanzando de manera desequilibrada: la refinación y la manufactura se rezagan frente a la minería.^[7] Ese desequilibrio refuerza mi preocupación por una región que asume la extracción mientras otros concentran las etapas industriales.

Una transición justa debe reducir emisiones y proteger las condiciones de vida en los territorios proveedores. De poco sirve celebrar una tecnología más limpia si su cadena de producción deja comunidades sin respuestas sobre el agua, los residuos y la restauración del suelo. Cada proyecto exige una evaluación propia, pero todos deben responder a esa misma obligación.

Por eso considero que el agua, los bosques y la capacidad de enfrentar la crisis climática también forman parte de nuestra soberanía. Debilitar las instituciones ambientales para acelerar negocios puede reducir nuestra capacidad de adaptación precisamente cuando más la necesitamos. La seguridad nacional de Colombia incluye que una familia pueda beber agua segura y que sus agricultores conserven las condiciones para producir alimentos.

El costo de poner nuestros recursos al servicio de otra estrategia

Me preocupa especialmente que la urgencia geopolítica termine utilizándose para debilitar la evaluación ambiental. Una licencia permite conocer riesgos, imponer condiciones y establecer responsabilidades. La consulta con las comunidades reconoce que un territorio tiene habitantes, formas de vida y derechos. Convertir esos controles en obstáculos que deben retirarse para competir por inversión traslada el costo de la velocidad a quienes viven allí.

Colombia puede aprovechar sus minerales y negociar con Estados Unidos, pero debe hacerlo con exigencias públicas: procesamiento dentro del país, transferencia tecnológica verificable, obligaciones ambientales, transparencia contractual y capacidad efectiva para sancionar. La promesa de empleos merece cifras, plazos y compromisos. La palabra soberanía merece herramientas para ejercerla.

También corresponde exigir cuentas a nuestros propios gobernantes. Estados Unidos actúa en función de sus intereses. La responsabilidad de defender los colombianos recae en quienes negocian en nuestro nombre. Celebrar un acuerdo antes de explicar sus beneficios y sus límites convierte la diplomacia en publicidad.

De Groenlandia a Colombia veo una misma pregunta: cuánto poder conserva un territorio cuando sus recursos pasan a ser considerados indispensables para la seguridad de otra nación. Los mecanismos son distintos, pero la preocupación permanece. Quiero que Colombia participe en la economía del futuro con industria, conocimiento y capacidad de decisión. Ese futuro debe incluir agua segura, ecosistemas protegidos y capacidad para enfrentar la crisis climática. Si lo único que aportamos es el subsuelo, otros construirán su fortaleza tecnológica con nuestra riqueza y nosotros volveremos a llamar desarrollo a la dependencia.